VENEZUELA: REDES CRIMINALES USAN MENORES MIGRANTES PARA CAPTAR A OTROS, AUTORIDADES MILITARES Y POLICIALES EN AMBAS NACIONES COMPLICES EXIGEN DINERO PARA PERMITIR EL PASO
Maracaibo, 03 de febrero de 2026.
MUNDIAL ZULIA RADIO INTERNACIONAL
Una investigación de Mariana Duque para Diario de los Andes y CONNECTAS revela que menores migrantes venezolanos están siendo utilizados por redes criminales para enganchar a otros menores y llevarlos, con engaños, a la frontera con Colombia. Estos grupos operan en complicidad con autoridades militares y policiales de ambas naciones, quienes exigen dinero para permitirles cruzar la ruta migratoria, solos, sin documentación y a su suerte.
El informe detalla cómo estos menores, denominados "arrastradores", son utilizados para captar a otros niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles falsas promesas de una mejor vida en Colombia, con teléfonos de alta gama, dinero y trabajos bien remunerados para ayudar a sus familias. Sin embargo, estos menores son entregados a redes de trata de personas con fines de explotación sexual o laboral.
Este fenómeno se produce en una frontera que ha permanecido cerrada desde el 19 de agosto de 2015, lo que obliga a los migrantes a utilizar caminos ilegales controlados por grupos criminales organizados de ambas naciones. Aunque se espera una posible apertura de la frontera con la llegada al poder del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, la situación de vulnerabilidad de los menores migrantes persiste.
Según estimaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados, existe un alto flujo migratorio infantil de Venezuela a Colombia del que no hay datos precisos. Migración Colombia reportó en 2020 que unos 25.000 niños, niñas y adolescentes habían salido de Venezuela sin acompañamiento de un adulto.
Diversas organizaciones y centros universitarios han alertado sobre este fenómeno. Entre 2020 y 2021, el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente del municipio Bolívar, Venezuela, recibió a nueve menores de edad repatriados, víctimas de explotación sexual, captados por otros menores. El exalcalde de ese municipio, William Gómez, contabiliza dos casos frustrados de adolescentes que intentaron pasar a cuatro menores por el Puente Internacional Simón Bolívar.
La investigación revela que las víctimas de trata no denuncian los hechos ante los organismos de seguridad debido al temor y la desconfianza hacia las autoridades. En Venezuela, el director de Seguridad Ciudadana de la Gobernación del Táchira, Wilman Rivera, niega la existencia de denuncias sobre trata o desapariciones, aunque reconoce el fenómeno de los menores arrastradores.
Por su parte, la Fundación Redes ha documentado casos en los que funcionarios del Cicpc coaccionan a los familiares de menores desaparecidos para que no formalicen la denuncia. Además, se han recibido denuncias de que funcionarios policiales cobran entre cinco y 20 dólares para dejar pasar a cada niño, niña o adolescente por las alcabalas.
El informe identifica a grupos guerrilleros, paramilitares y delincuenciales transfronterizos como los principales actores detrás de la captación de menores de edad. Estos grupos aprovechan la situación de vulnerabilidad de los menores migrantes para reclutarlos, utilizarlos como mensajeros, raspadores de coca y observadores.
La investigación concluye que los menores de edad son el eslabón más débil de la cadena de la trata en Venezuela, y que su captación es facilitada por la complicidad de autoridades militares y policiales, la falta de denuncias y la ausencia de mecanismos de protección efectivos en la frontera colombo-venezolana.
