VENEZUELA - DENUNCIAN PRESIONES JUDICIALES CONTRA ADOLESCENTE SAMANTA HERNÁNDEZ, HERMANA DE MILITAR EXILIADO CRISTIÁN HERNÁNDEZ; SE SUMA A LOS CASOS DE ARANZA HERNÁNDEZ, HENRY CASTILLO Y MAYKELIS BORGES
CARACAS, VENEZUELA - 16 DE ENERO DE 2026. El Comité por la Libertad de Presos Políticos denunció que Samanta Hernández, de 16 años, fue presionada el 15 de enero por su defensora pública Annely Ramos para admitir delitos que niega haber cometido, durante una audiencia preliminar en el Tribunal Primero de Control con competencia en Terrorismo. La adolescente fue detenida el 19 de noviembre de 2025 por la Dgcim en Caracas, siendo hermana del teniente Cristián Hernández (en el exilio) y sobrina de Henry Castillo (desaparecido desde enero de 2025).
En un comunicado, la organización señaló que se trata de "un caso de persecución familiar y castigo colectivo, vinculado al exilio de su hermano, el teniente Cristián Hernández, crítico del gobierno". Además, informó que Aranza de los Ángeles Hernández, de 19 años y hermana de Samanta, también fue presentada en la misma audiencia, y que los padres de ambas fueron impedidos de acceder a la sala.
La defensora pública Annely Ramos, identificada como Defensora Pública 16 Penal de Adolescentes, habría insistido en que Samanta reconociera hechos que niega, pese a que no se le han informado formalmente los cargos. La audiencia fue dirigida por la jueza Kelly Núñez.
El Comité aseguró que esta situación se inscribe en un patrón conocido como Sippenhaft, cuyo objetivo sería forzar la entrega de Cristián Hernández. Asimismo, mencionó casos similares en el país, como los de la familia del teniente José Rodríguez Araña, el capitán Antonio Sequea, el periodista Omario Castellanos y el diputado Fernando Orozco. En el caso de la familia Hernández, Maykelis Borges, esposa del capitán, también permanece detenida desde antes, habiendo estado embarazada en el momento de su captura cerca de la plaza Altamira.
La organización reiteró su exigencia de libertad para el adolescente Gabriel Rodríguez, condenado a 10 años de prisión, y para todas las personas detenidas por razones políticas en Venezuela. "No hay reconciliación ni transición posible con presos políticos. Que sean todos liberados ya!", expresó el Comité en su pronunciamiento.
Fuentes:
Con información de El Nacional.
