VENEZUELA - PERSECUCIÓN ESTATAL A MENORES EXPONE A SAMANTA HERNÁNDEZ Y OTROS NIÑOS A DETENCIONES ARBITRARIAS Y VIOLACIONES DE DERECHOS

 

CARACAS, Venezuela – En un alarmante patrón que evoca recuerdos de regímenes autoritarios, el gobierno venezolano ha sido acusado de instrumentalizar a menores de edad para presionar a disidentes y críticos. El caso más reciente es el de Samanta Sofía Hernández Castillo, de 16 años, quien fue sacada de su hogar el 19 de noviembre por individuos vestidos de negro y encapuchados, sin orden judicial alguna. Este incidente se suma a una serie de denuncias sobre detenciones arbitrarias y la utilización de niños y adolescentes como herramientas de presión contra sus familiares, generando una ola de indignación y preocupación entre organizaciones de derechos humanos. Los hechos ocurrieron en Caracas y otras regiones del país durante el mes de noviembre de 2025, pero se han reportado incidentes similares desde julio de 2024.

 

La madre de Samanta, Ámbar Castillo, responsabilizó directamente al ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, por la persecución de la que su familia es víctima. Samanta es hermana de Cristian Hernández, señalado por el Gobierno por participar en la operación Aurora, una acción militar llevada a cabo en 2019. La detención de Samanta es la cuarta en su familia, sumándose a la de su hermana Aranza, su tío Henrry Alberto Castillo Molero y Maykelis Borges, esposa de Cristian Hernández, quien incluso dio a luz durante su reclusión.

 

"Ningún niño puede ser tratado como sustituto del adulto investigado. La infancia no se presume culpable por vínculo de parentesco", afirmó Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, una organización defensora de los derechos de los niños y adolescentes. Trapani advierte que estas prácticas vulneran gravemente la dignidad de los menores y los exponen a la fuerza del Estado sin justificación legal ni protocolos de protección.

 

Este patrón de criminalización y afectación de la infancia no es un caso aislado. En Barinas, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se llevaron a cuatro niños y niñas junto con su niñera como medida de presión contra el empresario José Cruz, padre de tres de ellos. Aunque fueron liberados días después, el incidente revela cómo la niñez se convierte en víctima colateral de las acciones del Estado.

 

Organizaciones como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch y la Organización Mundial Contra la Tortura han denunciado repetidamente las detenciones arbitrarias por vínculos de parentesco con personas opositoras al gobierno de Nicolás Maduro.

 

"A largo plazo contribuye a la normalización de la violencia como una forma de relación de la autoridad", advierte Trapani, subrayando el impacto devastador que estas prácticas tienen en la confianza de los niños y adolescentes en la justicia y el Estado.

 

Cecodap propone tres líneas de acción urgentes: protocolos obligatorios de actuación policial y de protección cuando una persona detenida tiene hijos menores de edad a su cargo, prohibición expresa y sancionable de toda detención o interrogatorio de niños motivado por vínculos familiares, e incorporación de la ética del cuidado como principio transversal en la formación de jueces, fiscales y cuerpos de seguridad.

 

Fuentes:

 

- Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap.

- Ámbar Castillo, madre de Samanta Sofía Hernández Castillo.

- Con información de Crónica Uno.