México: Sombras sobre la Justicia: Candidatos con Vínculos al Narcotráfico y Sectas Compiten por Plazas Judiciales

 

 

Las inéditas elecciones judiciales en México, programadas para el 1 de junio, se ven empañadas por una ola de controversia. Más de 7,000 candidatos compiten por aproximadamente 3,000 plazas en el Poder Judicial, a nivel federal y local, y entre ellos se encuentran figuras con cuestionables lazos con el narcotráfico y sectas religiosas, generando una profunda preocupación entre la sociedad civil y analistas políticos.

 

Una de las candidaturas más polémicas es la de Silvia Rocío Delgado, una abogada que formó parte del equipo de defensa de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Si bien Delgado argumenta que solo ejerció su profesión, su pasado está generando un intenso debate público. Imágenes de su campaña la muestran repartiendo volantes en Ciudad Juárez, cerca de la frontera con Estados Unidos, prometiendo imparcialidad y preparación. Pero para organizaciones como Defensorxs, su candidatura representa un riesgo inaceptable. "Defender a presuntos narcotraficantes es un riesgo para la justicia", señala la ONG en su informe. El peso de esta controversia se siente aún más en un país marcado por la violencia del narcotráfico, con más de 480,000 muertos y 120,000 desaparecidos desde el inicio de la guerra contra las drogas en 2006. La situación se complica aún más con la violencia interna entre cárteles, con más de 1,200 muertes solo en Sinaloa desde septiembre pasado, y la presión de Estados Unidos por frenar el tráfico de fentanilo.

 

Pero la controversia no se limita a Delgado. Leopoldo Chávez, aspirante a juez federal en Durango, estuvo preso en Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas entre 2015 y 2021. En un video difundido en redes sociales, Chávez admite su pasado, pero se presenta como alguien con el deseo de enmendar su vida y contribuir al sistema judicial. Otro caso notable es el de Fernando Escamilla, quien busca una plaza de juez penal en Nuevo León y fue abogado de Miguel Ángel Treviño, un líder del brutal Cártel de Los Zetas. La presencia de Francisco Herrera, en Michoacán, también genera inquietud. Se le acusa en la prensa de amenazar a dos periodistas asesinados en 2022, acusación que él niega.

 

El vínculo con la Iglesia La Luz del Mundo, considerada por muchos como una secta y acusada de violencia sexual, añade otra capa de complejidad a estas elecciones. Defensorxs ha identificado a una veintena de candidatos con conexiones a esta iglesia, entre ellos Job Daniel Wong, un ministro de culto que aspira a una magistratura en Jalisco. Sharim Guzmán, víctima de la iglesia, alerta sobre el potencial peligro de esta infiltración, argumentando que el objetivo podría ser silenciar investigaciones contra el líder de la iglesia, Naasón Joaquín García, quien está preso en Estados Unidos por abuso sexual infantil. Para Guzmán, la promesa de "vida eterna" a cambio de lealtad representa un riesgo aún mayor que el de un abogado que defiende a un narcotraficante. La candidatura de Madián Sinaí Menchaca, hija de un obispo que públicamente defiende a García, y que compite por una plaza de jueza administrativa, refuerza estas preocupaciones.

 

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, minimizó la importancia de estas candidaturas, calificándolas como una fracción mínima del total de aspirantes. Sin embargo, críticos de la reforma judicial que permite esta elección popular señalan la premura en su aprobación y la falta de rigurosidad en los filtros como responsables de esta situación. La ausencia de exhaustivos controles de confianza, similares a los exigidos para puestos municipales de menor rango, genera dudas sobre la capacidad del proceso para filtrar candidatos con antecedentes cuestionables. La autoridad electoral deberá verificar la validez de cada candidatura tras los comicios, evaluando si cumplen con el requisito de "buena reputación y no haber sido condenado" a prisión. El resultado de estas elecciones tendrá un profundo impacto en la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial mexicano y en su capacidad para combatir la impunidad.