Estados Unidos: María Elvira Salazar Aboga por la Salida Forzosa Diferida para Migrantes Venezolanos Tras la Revocación del Parole Humanitario
La congresista María Elvira Salazar ha pedido al gobierno de Estados Unidos que otorgue la Salida Forzosa Diferida (DED) a los más de 500.000 migrantes venezolanos y de otros países afectados por la decisión de la Corte Suprema de permitir la revocación del programa de Parole Humanitario. Esta medida, anunciada el viernes 30 de mayo, deja a miles de personas en una situación vulnerable, enfrentando la posibilidad de deportación.
En un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), la congresista Salazar denunció que la revocación del programa afecta a migrantes que ingresaron a Estados Unidos legalmente, confiando en las promesas de la administración Biden. Salazar argumenta que la concesión de la DED, una medida de protección temporal que evita la deportación inmediata, es una solución crucial para prevenir el retorno de estas personas a países con condiciones adversas e inseguras.
“No podemos ignorar el costo humano”, afirmó Salazar. “Estas personas huyen de regímenes brutales y condiciones que amenazan sus vidas. Por eso, insto a la administración a que utilice su autoridad ejecutiva y conceda la Salida Forzosa Diferida (DED), para evitar que sean enviados de regreso a la violencia y la represión”.
La decisión de la Corte Suprema, que revoca una orden judicial previa que bloqueaba la eliminación del programa, permite a la administración Trump cancelar los permisos de residencia y trabajo temporal otorgados bajo el Parole Humanitario. Si bien la mayoría de los jueces respaldó la medida, las juezas Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor expresaron su desacuerdo, advirtiendo sobre las consecuencias devastadoras de la revocación masiva. La jueza Jackson enfatizó que la Corte no consideró las “devastadoras consecuencias” de alterar las vidas de cientos de miles de migrantes mientras sus demandas legales estaban pendientes.
El programa de Parole Humanitario, implementado en 2022, permitió la entrada legal de más de 532.000 migrantes de países con situaciones de inestabilidad como Ucrania, Afganistán, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Los beneficiarios, que debían contar con patrocinadores financieros en EE.UU. y cubrir los costos de su viaje, recibieron permisos de residencia y trabajo temporal por dos años.
La propuesta de Salazar refleja la creciente preocupación por la situación de los migrantes venezolanos y de otros países afectados por la cancelación del programa. La concesión de la DED se presenta como una medida de emergencia para evitar la deportación inmediata y brindarles una solución temporal mientras se busca una resolución a largo plazo. La situación sigue en desarrollo, y se espera que en los próximos días haya más pronunciamientos de las autoridades y reacciones de las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes.
