Venezuela: Ahorro Energético o Tácticas Dilatorias: La Audiencia de Rocío San Miguel Se Diferida Nuevamente
Caracas, Venezuela - La justicia venezolana sigue dando vueltas en torno al caso de Rocío San Miguel, la reconocida activista de derechos humanos y directora de la ONG Control Ciudadano, quien permanece detenida desde febrero de 2024. La audiencia que debía iniciar el juicio en su contra, programada para este lunes 31 de marzo, fue diferida por tercera vez, esta vez bajo el argumento de un "ahorro energético" decretado por el Gobierno.
La noticia de la nueva suspensión del juicio ha desatado una ola de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, quienes denuncian que el caso de San Miguel se está convirtiendo en un juego de ajedrez político donde la justicia parece estar ausente.
"Esta nueva dilación del juicio es un acto de impunidad y una muestra más de la persecución política que se ejerce contra quienes osan criticar al gobierno", señaló un portavoz de la organización Human Rights Watch. "Es inadmisible que se utilice el argumento del ahorro energético para retrasar un proceso judicial que ya lleva más de un año".
Rocío San Miguel fue arrestada el 9 de febrero de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, cuando se preparaba para viajar junto a su hija, Miranda Díaz, de 25 años, quien también fue detenida pero luego liberada condicionalmente. La acusación en contra de San Miguel se basa en un supuesto plan para asesinar a Nicolás Maduro, una acusación que muchos consideran como una fabricación política para silenciar a la activista.
La detención de San Miguel, junto con la de su expareja, Alejandro González, un expiloto y exgerente local de Chevron, se produjo en el marco de una ola de arrestos de figuras opositoras al gobierno venezolano.
Durante su tiempo en prisión, San Miguel ha denunciado la falta de atención médica para tratar una fractura de hombro que sufrió antes de su detención. La activista ha estado esperando una cirugía que le permita recuperar el movimiento de su brazo, pero el gobierno aún no ha autorizado la intervención.
"Es indignante que, además de la detención arbitraria, se le niegue a Rocío San Miguel la atención médica que necesita", señaló un médico que ha estado al tanto de la situación de la activista. "Esta situación es una violación a los derechos humanos más básicos".
La nueva fecha para la audiencia de San Miguel se fijó para el 26 de mayo, un día después de las elecciones legislativas, de gobernaciones y alcaldías. La coincidencia de la fecha del juicio con la jornada electoral ha generado sospechas sobre la posible influencia política en el proceso judicial.
Mientras San Miguel permanece recluida en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la comunidad internacional continúa exigiendo su liberación y la garantía de un juicio justo. La presión internacional se intensifica, con la esperanza de que la justicia venezolana dé un giro en este caso que ha generado una profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en el país.
