Nicaragua: Ortega y Murillo Conquistan la Corte Suprema, Consolidando su Dominio Total
Managua, Nicaragua - En un movimiento que ha conmocionado al mundo, Daniel Ortega y Rosario Murillo, la pareja que gobierna Nicaragua, han dado un paso más hacia la consolidación de su poder absoluto, tomando el control total de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La Asamblea Nacional, controlada por el partido sandinista, ha aprobado por unanimidad una nueva Ley Orgánica del Sistema Judicial que pone a la CSJ bajo el yugo de la Presidencia de la República, en manos de Ortega y Murillo.
La ley, aprobada con una celeridad inusual y sin debate alguno, deroga la Ley Orgánica del Poder Judicial y otorga a Ortega y Murillo la facultad de nombrar al titular de la CSJ por un período de seis años, así como a los miembros del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial.
Con este movimiento, el gobierno de Ortega ha desmantelado completamente el sistema de contrapesos y checks and balances que deberían existir en un Estado de derecho. La Corte Suprema, que en teoría debería ser un poder independiente encargado de garantizar la justicia y el estado de derecho, se convierte ahora en una simple marioneta del presidente Ortega y su esposa.
La nueva ley también reduce el número de magistrados de la CSJ de 16 a 10 y establece que la Presidencia de la República nombrará al presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta de la CSJ, quienes serán juramentados por la Asamblea Nacional.
La Ley establece que los magistrados judiciales serán electos por un período de seis años por la Asamblea Nacional, a partir de propuestas presentadas por la Presidencia de la República o por los diputados. Sin embargo, la subordinación del Sistema de Justicia a la Presidencia de la República deja entrever que la independencia del Poder Judicial es un simple concepto teórico.
La aprobación de esta ley es el último capítulo de una larga historia de ataques a las instituciones democráticas en Nicaragua. En febrero de 2025, Ortega y Murillo aprobaron una reforma constitucional que le otorgó al presidente un poder absoluto sobre todos los órganos del Estado. La CSJ era uno de los pocos organismos que aún no estaban completamente controlados por el gobierno. La aprobación de esta ley elimina este último obstáculo al dominio total de Ortega y Murillo.
Esta acción ha condenado al país a un régimen autoritario y ha generado un rechazo unánime por parte de la comunidad internacional. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos y el Parlamento Europeo han condenado la reforma constitucional y la aprobación de esta nueva ley, considerándolos ataques graves a la democracia y a los derechos humanos.
El gobierno de Ortega y Murillo ha demostrado su intención de consolidar un régimen autoritario en Nicaragua. La toma de control de la Corte Suprema de Justicia es un claro ejemplo de la erosión de la democracia y la violación de los derechos humanos en el país.
La comunidad internacional deberá reaccionar con firmeza ante esta nueva agresión a la democracia en Nicaragua. Es necesario que la presión internacional se intensifique para que el gobierno de Ortega y Murillo renuncie a sus intenciones autoritarias y se respete el estado de derecho y los derechos humanos en Nicaragua.
