En la Mira de Canadá: Ocho Funcionarios Chavistas Sancionados por Violaciones a los Derechos Humanos
Caracas, Venezuela, 22 de marzo de 2025. La lucha contra la impunidad en Venezuela toma un nuevo rumbo. Canadá ha impuesto sanciones contra ocho funcionarios de la policía y las fuerzas armadas venezolanas, acusándolos directamente de haber participado en violaciones a los derechos humanos. Estas sanciones se suman a las ya impuestas contra otros 139 venezolanos, convirtiéndose en un fuerte mensaje de repulsa contra la violencia e injusticia que azotan al país.
El gobierno canadiense ha expresado su condena a las acciones de estos funcionarios, quienes se encuentran en cargos de alto rango dentro del sistema de seguridad venezolano. Las sanciones tienen como objetivo disuadir a las autoridades venezolanas de continuar con la persecución de manifestantes, periodistas, líderes de la oposición y miembros de la sociedad civil que defienden la democracia y los derechos humanos.
"Estos funcionarios son responsables de graves abusos contra el pueblo venezolano", señaló un comunicado del gobierno canadiense. "No permitiremos que la impunidad prevalezca. Con estas sanciones, buscamos enviar un claro mensaje de que la comunidad internacional está vigilando y no tolerará las violaciones a los derechos humanos".
Las sanciones se han centrado en personajes clave del sistema de seguridad venezolano, incluyendo al Director del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas), Douglas Arnoldo Rico González, quien es acusado de haber permitido y supervisado graves violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios bajo su mando, incluyendo ejecuciones extrajudiciales.
También ha sido sancionado GD Terán Hurtado, un alto funcionario de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar), quien se le acusa de ser responsable de tratos crueles e inhumanos contra detenidos por parte de funcionarios bajo su mando. Se le relaciona específicamente con el caso del Capitán Luis Humberto De La Sotta Quiroga.
Otro de los sancionados es Carlos Alberto Calderón Chirinos, Director General del Servicio de Policía adscrito al Viceministerio del Sistema Integrado de Investigación Penal. Calderón ha ocupado cargos de alto rango en la Policía Nacional y en las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales), y se le acusa de haber supervisado casos de tortura, uso excesivo de la fuerza y malos tratos a detenidos en instalaciones del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia).
Las sanciones también han afectado a otros funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, incluyendo a Florencio Ramón Escalona, Director General de Operaciones y Acciones Tácticas, Leonel Alberto García Rivas, jefe de despacho y coordinador de divisiones de la DAET (Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas), y Ronny Fernando González Montesinos, jefe de la División de Investigaciones Criminales de la DAET. Estos funcionarios se encuentran bajo investigación por su presunta participación en actividades que han apoyado directa o indirectamente las violaciones de derechos humanos en Venezuela, o que han socavado la democracia.
El gobierno venezolano ha rechazado las sanciones de Canadá, calificándolas como "un acto de sumisión vergonzoso". Sin embargo, la comunidad internacional se mantiene firme en su condena a las violaciones a los derechos humanos que se cometen en Venezuela. Las sanciones de Canadá son un claro recordatorio de que la impunidad no es una opción y que la lucha por la justicia en Venezuela continuará.
