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Argentina da un paso atrás en la democracia: Milei suspende las PASO y genera polémica

 


Buenos Aires, Argentina - El presidente argentino, Javier Milei, ha desatado una ola de controversias al promulgar la ley que suspende las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para este año. La medida, que forma parte de una "Reforma para el Fortalecimiento Electoral" aprobada por el Senado el pasado 21 de febrero, ha sido duramente criticada por diversas organizaciones sociales y expertos legales.

 

Aunque inicialmente el gobierno buscaba eliminar las PASO de forma permanente, finalmente se optó por una suspensión temporal. Sin embargo, la decisión no ha dejado de generar polémica, ya que las PASO, implementadas en 2009, son un mecanismo fundamental para la participación ciudadana y la selección de candidatos en el sistema electoral argentino.

 

La controversia se intensifica con la aprobación de dos leyes adicionales: la Ley de Reiterancia Penal y la Ley de Reincidencia Delictiva. La primera establece que cualquier persona acusada de un delito que tenga un proceso penal previo puede quedar detenida en prisión preventiva durante el juicio. Esta medida ha sido calificada como "punitivista" por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que argumenta que la prisión preventiva debería ser una excepción, no una regla, y que la ley invierte el principio de inocencia.

 

Por otro lado, la Ley de Reincidencia Delictiva define la reincidencia y la reiteración delictiva, con el objetivo de endurecer las penas para quienes cometan delitos reiterados. Sin embargo, el CELS ha expresado su preocupación por el posible impacto de esta ley en el derecho a la protesta, señalando que la definición de "reiteración delictiva" podría ser utilizada para criminalizar la participación en manifestaciones.

 

La suspensión de las PASO y la aprobación de estas nuevas leyes han sido interpretadas como un retroceso en materia democrática por parte del gobierno de Milei.  Las  organizaciones  sociales  y  los  expertos  legales  se  han  manifestado  en  contra  de  estas  medidas,  considerándolas  un  ataque  a  los  derechos  individuales  y  a  la  participación  ciudadana.  El  debate  está  servido  y  se  espera  que  la  controversia  se  intensifique  en  las  próximas  semanas.

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